Quién cuenta: CPJ bajo fuego por documentar periodistas muertos en Gaza

El Committee to Protect Journalists (CPJ) se ha convertido en uno de los organismos más citados –y más cuestionados– a la hora de registrar las muertes de periodistas en el conflicto entre Israel y Hamas. Desde el 7 de octubre de 2023, la organización documentó más de 100 casos de profesionales de la prensa fallecidos, la gran mayoría palestinos en Gaza. Esa cifra, que CPJ actualiza con cautela y distingue entre confirmados y en investigación, generó una ola de ataques que van desde cuestionamientos metodológicos hasta acusaciones directas de sesgo.

El organismo, con sede en Nueva York y más de 30 años de trayectoria, aplica un criterio estricto: solo incluye a un periodista en su lista si hay evidencia clara de que la muerte está relacionada con su trabajo. No basta con que la víctima llevara credencial o trabajara en un medio; se requiere que la labor periodística haya sido el motivo o factor desencadenante. En Gaza, donde la distinción entre civiles y combatientes es difusa y el acceso a información independiente es casi nulo, ese umbral se vuelve especialmente exigente.

“Contar muertos en una guerra no es una ciencia exacta”, admite un investigador de CPJ que pidió no ser identificado. La organización cruza testimonios de colegas, análisis de videos, informes de hospitales y, cuando es posible, datos de familias y empleadores. En muchos casos, la verificación completa lleva meses. Mientras tanto, publica cifras provisionales y actualizaciones transparentes. Esa lentitud, sin embargo, es leída por algunos actores como una forma de minimizar el impacto en un bando o exagerarlo en otro.

Las críticas llegaron desde ambos lados del conflicto. Organizaciones israelíes y analistas pro-Israel acusan a CPJ de inflar las cifras al incluir a empleados de medios controlados por Hamas o a personas que, aunque trabajaban en prensa, murieron en bombardeos sin que su profesión fuera el objetivo. En el otro extremo, voces palestinas y algunos organismos internacionales sostienen que la metodología es demasiado restrictiva y que subestima el ataque sistemático contra la prensa gazatí.

El debate no es nuevo. Durante la invasión rusa a Ucrania, CPJ también enfrentó cuestionamientos por su conteo. Pero el caso Israel-Gaza tiene una intensidad particular: la cifra de periodistas muertos en poco más de un año supera con creces las de conflictos previos en la región. Según datos de la propia organización, se trata de uno de los periodos más letales para la prensa desde que comenzaron sus registros en 1992.

Desde la perspectiva editorial, el dilema es claro. Publicar una lista incompleta erosiona la credibilidad ante las audiencias que esperan números cerrados. Publicar nombres sin verificación plena expone a la organización a errores que luego son usados para deslegitimar todo el trabajo. CPJ optó por la segunda vía: transparencia y correcciones públicas cuando surgen evidencias nuevas. En su sitio web mantiene dos columnas: “confirmados” y “en investigación”.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta estructural del periodismo de guerra: ¿quién decide qué periodista “cuenta”? ¿Es suficiente llevar una cámara o un cuaderno? ¿Debe probarse que la muerte fue intencional? ¿Cómo se verifica en un territorio donde casi no hay observadores independientes? Las respuestas técnicas que dé CPJ –y otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o la Federación Internacional de Periodistas– definirán en buena medida la narrativa sobre la protección de la prensa en los conflictos futuros.

Para los periodistas que cubren la región, el mensaje es directo. La documentación rigurosa sigue siendo la mejor herramienta contra la impunidad, aunque esa misma rigurosidad convierta a quien la ejerce en blanco de presiones políticas y campañas digitales. En un ecosistema donde cada número es un argumento, contar bien se ha vuelto tan riesgoso como informar desde el terreno.